La LX Legislatura del Congreso local tiene en la agenda para su análisis un proyecto de punto de acuerdo presentado por el diputado de Ixtlán de Juárez, Adrián Méndez Cruz, para exhortar a los presidentes municipales de la entidad a cumplir el derecho a la libertad de creencias religiosas y evitar con ello hechos humillantes causados por la intolerancia que todavía persiste en muchos pueblos.

La propuesta se envió para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la que determinará si es viable o no, tomando en cuenta que Oaxaca es, junto con Chiapas, donde más casos de intolerancia religiosa se registran llegando incluso a la expulsión y hechos humillantes como desnudar en las plazas públicas a personas de otras religiones distintas a la católica.

En tribuna, el diputado resaltó que el derecho al culto es una garantía que avala nuestra Carta Magna, la Constitución local y  convenios a nivel internacional, por lo que es necesario que se haga valer y que sean las autoridades municipales quienes vigilen y hagan cumplir este mandato con el objetivo de evitar conflictos, humillaciones, atropellamiento de los derechos humanos y, más aún, derramamiento de sangre.

La naturaleza de la propuesta del legislador rescata los valores que en su momento el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, plasmó en las Leyes de Reforma, que este año cumplen 150 años de su promulgación, las cuales suprimieron facultades de la iglesia dentro del gobierno en busca de preservar un Estado laico y de libre culto.

En este sentido, el representante popular mostró su preocupación por los conflictos registrados en la entidad, principalmente en su región, la Sierra Juárez, donde familias enteras han sido corridas de sus lugares de origen dejando todo su patrimonio y soportando humillaciones e incluso ser golpeados y apedreados.

Méndez Cruz urgió en la necesidad de que desde el Congreso del Estado se realice este llamado para contrarrestar dichas prácticas retrógradas que sólo laceran más las condiciones de vida de los indígenas y se pronunció por una cultura de respeto y libertad para profesar la creencia religiosa que más agrade y practicar los ritos respectivos, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley, tal como lo establece el artículo 24 de la Carta Magna.